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La razón de Estado; esa gran desconocida que todos aceptamos por uso y costumbre, pero que raramente nos hemos llegado a plantear. Es realmente el concepto que engloba la justificación de una decisión, tomada por el Gobierno o cabeza de Gobierno, que rompe con sus principios morales o valores éticos, y que se debe a causas mayores. No se rige por ningún manual o libreto, no hay reglamento que estipule qué cosas son permisibles por razón de Estado y qué no; sin embargo, muchos de los compromisos contraídos por los políticos, o promesas por las que fueron finalmente elegidos como representantes del país, quedan incumplidos por dicha razón. Así de importante es.

Esta razón se plantea en situaciones en las que se encuentra en conflicto el éxito político y la moral; y se debe decidir entre actuar en función de la razón moral, dejando a un lado lo político; o la razón de Estado, dejando de lado la moralidad. Al ser un término tan ambiguo y poco clasificado, es difícil analizar en qué momento los actos llevados a cabo por razón de Estado han sido realmente justificados y cuando no; pues al final, muchos políticos tienden a hacer de esto una excusa que impide la realización de cualquier otro tipo de preguntas.

Esta es una de las razones por las cuales el papel de los periodistas acaba adquiriendo tantísima importancia en cuanto a términos como éste en lo político; pues no deben simplemente contentarse con la justificación de un acto o acción como causado por razón de Estado, sino que han de averiguar más profundamente cuáles han sido realmente las causas de dicha acción; ya que la permisividad y margen de flexibilidad de dicho concepto dependen ante todo de la rigurosidad que la prensa imponga sobre los políticos a la hora de usar este término.

En un país en el que la prensa no es nada rigurosa con el Gobierno, o incluso está mayormente controlada por este, esta razón será la que moverá cualquier acción o actitud del gobernante, que refugiará todos sus actos inmorales o contrarios a la ética nacional como movidos por razón de Estado. Sin embargo, un país en el que la prensa ejerza la presión adecuada sobre el Gobierno para que este actúe según lo esperado por el pueblo al que representa, los actos movidos por razón de Estado serán muy poco comunes, y casi inexistentes. Y cuando se den, la prensa deberá analizar realmente su correcta justificación.

Ahora, si bien no existen límites marcados en cuánto a qué actos están justificados o no por razón de Estado, tampoco existe ningún límite que marque hasta qué punto la ética o moral pertenece solo al individuo que lleve a cabo estos actos, o es común para el pueblo debido al organismo al cual este representa, y si es razonable o no. Y en caso afirmativo, hasta qué punto el periodista ha de moverse por su ética y libertad de expresión, poniendo en peligro también el éxito político del país.

Por ejemplo, es bien sabido que en España en más de una ocasión la Casa Real se ha comunicado con diferentes periodistas impidiéndoles sacar a la luz determinada información, con la justificación de que esto afectaría al bien o progreso del país, aunque muchas veces el daño no fuera tan común y conjunto en cuanto a lo nacional, como individual. Sabemos, por otra parte, que una noticia, por muy noticiosa que sea, no puede ser sacada a la luz si atenta contra la seguridad del mismo país del cual esta proceda. Es ahí donde el periodista ha de estudiar hasta qué punto su libertad de expresión se enfrenta a su ética o moralidad, y decidir si la información que tiene en sus manos ha de ser descubierta o no, a pesar del daño que pueda producir al país en cuestión.

Entonces, encontramos dos conflictos paralelos unidos entre sí por la moralidad y el bien de una nación. Por una parte, el existente entre la moral y el éxito político al que el Gobierno se enfrente, a la hora de justificar un acto improcedente por razón de Estado; y por otra parte, el que se crea entre la moral y la libertad de expresión del periodista al decidir sacar cierta información a la luz, que puede llegar a dañar, no solo la imagen del gobernante responsable, sino el bien político o financiero del país en cuestión.

Un ejemplo bastante claro en cuanto a esto fue lo sucedido  en la entrevista que Jordi Évole le realizó a ‘Kichi’, alcalde de Cádiz, el pasado 26 de Febrero. En esta, el periodista sacaba a la luz el abastecimiento de fragatas de guerra por parte de la provincia costera a Arabia Saudí, país en el que “los derechos humanos no son respetados”, tal y como dijo Évole. El alcalde no pudo más que justificar los hechos respondiendo que “uno primero tiene que llevar el plato de comida a sus hijos y a su familia, pero el equilibrio de la geopolítica y la paz mundial no pueden caer sobre las espaldas de los trabajadores, nosotros no decidimos sobre la guerra ni somos soldados.”

El alcalde justificó así actos que están en contra de su moralidad (se declaró con anterioridad “en contra de la violación de los derechos humanos”) por razón de Estado, con el fin de garantizar el éxito político y el bienestar económico de su gente. El periodista con sus actos, sin embargo, tachó esta motivación como insuficiente e inmoral, haciendo un mayor uso de su ética y libertad de expresión que de su preocupación por el ‘bienestar’ político y económico del pueblo gaditano.

En conclusión, si bien políticos o gobernantes han de ser cuidadosos y temerosos a la hora de justificar cualquier acto haciendo uso del término razón de Estado, la función de la prensa ha de ser similar a la de un guarda-raíles en su camino, limitando sus actos e implantando la moralidad y valores éticos comunes del país sobre los beneficios individuales de dicho gobernante, y el éxito del partido que se encuentre en poder. El Gobierno y la prensa han de trabajar conjuntamente con el fin de asegurar, no solo el bien de su propio pueblo, sino el cumplimiento de los derechos humanos sobre todo lo demás, siendo conscientes de que el fin no siempre justifica los medios. Como diría el gran Stan Lee, no podemos olvidar nunca que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad.”

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